Mercosur a la sombra de la ilegalidad y la intolerancia
Todo es ilegal. Las reuniones realizadas por miembros del Mercosur, sin la presencia de Venezuela; la imposición de la categoría “Estados Fundadores” ahora matizada con el eufemismo “Estados Parte signatarios del Tratado de Asunción”; el mecanismo colegiado para el funcionamiento del Mercosur; la calificación de “vacancia” de la Presidencia Pro Témpore (PPT); las decisiones que incluyen un ultimátum a Venezuela, al imponerle un plazo (1º de diciembre) para que adecúe la normativa, basada en la amenaza de despojarla de su condición de Estado Parte; la repartición de las negociaciones del Relacionamiento Externo (Unión Europea, Alianza del Pacífico, entre otros).
Todo es ilegal, porque en el marco jurídico e institucional que rige el bloque no encontramos ni un solo argumento que sustente esta emboscada.
Esta situación, que viene ocurriendo en el Mercosur desde el mes de junio, es uno de los actos más graves en la historia de la integración regional, si se toma en cuenta que se ha recurrido a una estrategia de exclusión claramente ideológica-política, expresada en acciones ilegales e ilegítimas, desconociendo los principios y paradigmas que fundamentan el modelo integracionista, para implantar el autoritarismo, la intolerancia y la discriminación.
Ilegalidad e intolerancia son dos términos que tristemente pueden etiquetar la componenda, y que sustentan un cuadro de acciones cuya ilicitud ha sido reiteradamente señalada por la Canciller Delcy Rodríguez. Las fuerzas progresistas de la región vienen pronunciándose al respecto. No es tiempo de dudas, porque esto forma parte de una agenda que apunta mortalmente al corazón de la democracia y la integración en toda Nuestra América.
La posición de Venezuela, en la situación que atraviesa actualmente el Mercosur, no puede ser otra que la defensa de la legalidad y la institucionalidad del bloque. Venezuela actúa basada en principios y no en intereses comerciales, ni cede a la amenaza del aislamiento que viene siendo comandada desde el Norte. La dignidad no se negocia. Especialmente, porque no sólo se están violando los derechos de Venezuela como Estado Parte, sino que este modus operandi arremete contra la integración regional violando los derechos de cada uno de los pueblos del Mercosur.
Veamos algunas de las acciones de este antijurídico proceder y, aún más, sus consecuencias.
El consenso como principio fue profanado
El martes 13 de septiembre, casi al filo de la medianoche, se difundió una Declaración Conjunta (1) en la cual los llamados “Estados Fundadores o Signatarios”, reafirmaron la negación del legítimo derecho de Venezuela a ejercer la PPT, al mismo tiempo que se notificaba una sentencia, en ausencia del acusado, donde se le imponía un plazo que, de no cumplirlo, llevaría a despojarle a Venezuela de su condición de Estado Parte, y por ende su derecho a veto.
Primero: Esta Declaración ilícita, principalmente carece de validez porque es resultado de un hecho grave, que es la violación de la norma del consenso. En el Mercosur, la toma de decisiones se realiza mediante la participación y el consenso de “todos” sus Estados Partes, tal como lo establecen los artículos 16 del Tratado de Asunción y el 37 del Protocolo de OuroPreto. Esta norma es vital porque permite que se avance en los acuerdos respetando la diversidad de opiniones.
Se incumplió la norma del consenso, además de desconocer la PPT venezolana, al suscribir una Declaración donde se consumó el acto transgresor sin la presencia ni el consentimiento de Venezuela. El Consenso sólo se cumple con la anuencia de los cinco Estados Parte, no podemos hablar de consenso respecto a una decisión adoptada por cuatro Estados, y menos aún con tres votos afirmativos. La entronización de esta ilicitud llegó a niveles caricaturescos, cuando uno de los cuatro participantes en la encerrona celebrada por los fundadores, Uruguay, ¡se abstuvo!
El Consenso, es una vacuna contra las asimetrías, porque evita que el más fuerte del barrio se imponga sobre los pequeños, no por la razón sino por la fuerza.
El consenso es el cemento de este bloque de integración
Al romperse el consenso se quiebra al Mercosur y, por ende, a la integración regional. A esa hora de la noche del martes 13, y hasta este momento, Venezuela es Estado Parte del Mercosur, y por tanto tiene plenos derechos como los demás Estados Parte, tanto a adoptar las decisiones en conjunto, como a ejercer la PPT del bloque.
Segundo: Al mismo tiempo, al crear un antijurídico “mecanismo colegiado” para la conducción del Mercosur, se trasgreden las normas que rigen la coordinación de los trabajos y reuniones a través de la PPT de Venezuela. Al respecto, son contundentes los artículos 12 del Tratado de Asunción y 5 del Protocolo de OuroPreto, al establecer que la PPT se ejercerá semestralmente por orden alfabético, la cual corresponde actualmente a Venezuela, y que por ende todas las reuniones del Mercosur, y demás iniciativas de orden normativo e institucional, deben ser convocadas y coordinadas por ésta.
Tercero: La pretendida condición de “Estados Parte signatarios del Tratado de Asunción” no existe, por tanto mal podría legitimar decisiones adoptadas en violación a la norma del consenso. El marco legal del Mercosur, no distingue categorías de derechos entre aquellos Estados que firmaron el Tratado de Asunción y los que se adhirieron posteriormente a éste, todos somos Estados Partes. En el Mercosur, no existe de jure, la discriminación entre Estado Parte de Primera y/o de Segunda, tal como trata de legitimarse ideológicamente en el texto de la Declaración.
Cuarto: La Declaración, de hecho, notifica que hubo una repartición del mundo. Es decir, el Relacionamiento Externo del Mercosur fue trozado como un pastel, y se procedió a convocar reuniones con la Unión Europea, con la Alianza del Pacífico y con otros bloques de integración y Estados, ignorando a la PPT venezolana, a quien le corresponde su coordinación. Esta conducta al margen, pareciera que le da la razón a la tesis que afirma que, detrás de esta flexibilización de facto, subyace convertir al Mercosur en una plataforma de aterrizaje de los Tratados de Libre Comercio.
El ALCA fue derrotada en 2005, momento cuando el Mercosur y Venezuela ejercieron un protagonismo decisivo en esa épica. Hoy, la corriente restauradora de la ideología del libre comercio avanza en nuestra región con la rapidez que exige la estrategia de reacomodo de los grandes bloques que agrupan los centros del sistema capitalista mundial.
En este contexto, la Declaración Conjunta dictada recientemente, como corolario de una cadena de ilicitudes, pasará a la historia de la integración regional como unos de los atentados más letales contra los principios de la integración y de la democracia.
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